Traducido por Alberto Pellicer Ferrando | Read this article in English
Si la aprueban los votantes, la Propuesta 123 dedicaría cientos de millones de dólares anuales al desarrollo de viviendas asequibles y programas relacionados.
La medida exige que los legisladores estatales destinen una determinada parte del presupuesto anual a la vivienda asequible. Con su aprobación se destinaría alrededor del 2 por ciento de la recaudación del impuesto sobre la renta (o ingresos), es decir, casi 300 millones de dólares en el próximo año fiscal.
La tasa del impuesto estatal sobre la renta no cambiaría. Pero aún así, podría resultar costos adicionales para los votantes. Principalmente, la medida reduciría la cantidad de dinero que se puede devolver a los votantes.
De acuerdo con quienes apoyan la propuesta, esta es la primera vez que una propuesta importante relacionada con la vivienda aparecerá en las boletas electorales del estado.
Este es el texto que se verá en la boleta:
¿Debe haber un cambio a los Estatutos Revisados de Colorado en cuanto al financiamiento estatal para vivienda asequible adicional y, en relación con ello, dedicar ingresos recaudados por el estado a través de un impuesto existente de un décimo de uno por ciento sobre el ingreso imponible federal de cada persona, sucesión, fideicomiso y corporación, como se define en la ley, para vivienda asequible y eximir las recaudaciones dedicadas de la limitación constitucional sobre el gasto fiscal estatal anual; asignar 60% de las recaudaciones dedicadas a financiar programas de vivienda asequible que reduzcan alquileres, comprar tierras para desarrollar proyectos de vivienda asequible y construir bienes para inquilinos; asignar 40% de las recaudaciones dedicadas a programas que apoyen a las personas para comprar viviendas asequibles, sirvan a quienes sufren desamparo y apoyen la capacidad local de planificación; exigir a los gobiernos locales que procuren financiamiento de viviendas asequibles adicionales para acelerar aprobaciones para desarrollar proyectos de vivienda asequible y comprometerse a aumentar el número de unidades de vivienda asequible en un 3% anual; y especificar que las recaudaciones dedicadas no sustituyan asignaciones existentes para programas de vivienda asequible?
¿Cómo funcionaría?
La medida obligaría al Estado a destinar una determinada parte de su presupuesto para la vivienda asequible. Actualmente, las empresas y personas individuales pagan el 4.55 por ciento de sus ingresos en impuestos. La medida tomaría una parte de ese impuesto existente–el 0.01 por ciento–y lo dedicaría a la vivienda asequible, dejando el otro 4.44 por ciento de los ingresos para los demás gastos del estado.
La medida no aumentaría directamente los impuestos. En cambio, usaría parte del dinero que el Estado ya recauda. Esa cantidad sería inicialmente de casi 300 millones de dólares al año. Eso es unas seis veces más de lo que el estado actualmente gasta en vivienda, y aumentaría conforme la economía del estado.
"Sabemos que es un momento crítico si queremos asegurarnos de que los profesores, las enfermeras y los bomberos tengan lugares donde vivir en nuestras comunidades", dijo Mike Johnston, director general y presidente de Gary Community Ventures, un organización filantrópica y una de las principales promotoras de la medida.
Johnston calcula que la medida podría apoyar el desarrollo de unas 10,000 unidades de vivienda asequible adicionales al año.
Pero ese cambio tendría efectos secundarios en las finanzas del estado. El primero es que daría lugar a menores reembolsos de TABOR en años futuros, ya que la financiación se sacaría de la reserva de dinero que se usa para hacer esos reembolsos. Por eso algunos conservadores critican la medida como un impuesto encubierto y otro ataque a las estrictas leyes fiscales del estado.
Además, en los años en los que el presupuesto estatal no sea lo suficientemente amplio como para obtener un superávit, reduciría los fondos generales disponibles para gastar en educación, transporte y otras causas. Esto ha provocado las críticas de algunos demócratas preocupados de que esta propuesta resulte en futuros sacrificios.
La medida sólo entrará en vigor si la mayoría de los votantes la aprueban en las elecciones de 2022. De ser así, crearía un fondo estatal para viviendas asequibles con fines como:
- Hasta 43.5 millones de dólares al año, según las estimaciones, para un banco de terrenos. Los gobiernos y las compañías de construcción sin fines de lucro obtendrían préstamos para comprar terrenos para futuros proyectos. Los préstamos se perdonan si se inician proyectos de viviendas asequibles en el plazo de una década.
- Hasta 121.8 millones de dólares anuales para subvenciones destinadas a la financiación de viviendas multifamiliares para personas con ingresos bajos y medios, así como para proporcionar ayuda directa a los inquilinos.
- Hasta 60.9 millones de dólares para la financiación de la deuda de proyectos que cumplan requisitos para obtener créditos fiscales para viviendas asequibles, así como para constructores de viviendas modulares y prefabricadas.
- Hasta 58 millones de dólares para subvenciones y préstamos a organizaciones sin fines de lucro y fideicomisos de tierras comunitarias que ayuden a la gente a comprar casas, así como dinero para los residentes de comunidades de casas móviles que quieran comprar el terreno donde viven.
- Hasta 52.2 millones de dólares para programas destinados a personas sin vivienda o que corren el riesgo de no tenerla, incluyendo ayudas con el alquiler, cupones de vivienda, protección contra los desahucios y desarrollo de viviendas.
- Hasta 5.8 millones de dólares para ayudar a los gobiernos locales a tramitar solicitudes y planes de proyectos de vivienda.
El programa se enfocaría en las familias que ganan el 60 por ciento o menos de los ingresos medios de la zona, con cierta flexibilidad. Eso significa unos 70,320 dólares para una familia de cuatro integrantes en Denver. Y la medida dice que los alquileres deben fijarse en menos del 30 por ciento de los ingresos familiares.
También incluye requisitos, a partir de 2027, para las ciudades que quieran recibir esos fondos. Para entonces, tendrían que aumentar su inventario de viviendas asequibles en un 3 por ciento anual.
También tendrían que crear "procesos de aprobación rápida" que les permitan aprobar permisos en 90 o 120 días para la construcción de viviendas asequibles. La medida fomenta la concentración en construcciones de alta densidad, de ingresos mixtos y ambientalmente sostenibles.
Estos requisitos podrían ser difíciles de cumplir para algunas ciudades, sobre todo si hay limitaciones en el crecimiento global o resistencia política local. Pero la legislatura estatal también podría modificar el programa más adelante.
¿Quién está a favor?
La campaña, conocida como Hagamos Colorado Asequible (Make Colorado Affordable, por su nombre en inglés), ha recaudado millones de dólares de grupos como Gary Community Ventures, Habitat for Humanity del área metropolitana de Denver y la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces (National Association of Realtors, por su nombre en inglés). También cuenta con el apoyo de una serie de grupos comunitarios, como las organizaciones sin fines de lucro Housing Colorado, Urban Land Conservancy, Healthier Colorado, la Liga de Mujeres Votantes y diversos legisladores estatales demócratas, así como algunos republicanos a nivel local.
La medida también ha recibido importantes apoyos y posturas neutrales. Scott Wasserman, presidente del Bell Policy Center, un centro de ideas progresistas, dijo que el dinero es muy necesario. Pero señaló que la medida no aporta nuevos fondos al gobierno estatal.
"Ciertamente hay una necesidad, pero añade un nuevo gasto en una lista ya saturada de asuntos que necesitan fondos", escribió Wasserman en un mensaje de texto. El Bell Policy Center seguirá apoyando la medida.
Terese Howard, de Housekeys Action Network Denver, dijo que su grupo adoptará una postura neutral. Apoya el gasto en la vivienda, pero preferiría que se enfocara más en la vivienda pública, en lugar de las asociaciones público-privadas que se usan para construir los proyectos de la gran mayoría de las nuevas viviendas asequibles.
¿Quién está en contra?
A fecha del 19 de septiembre, la medida no contaba con el respaldo público de los legisladores estatales republicanos. El grupo conservador Avance la Acción en Colorado (Advance Colorado Action, por su nombre en inglés) se opone a la medida y "probablemente" gastará dinero en anuncios contra ella, según Michael Fields, asesor principal del grupo.
"No hay nada ‘asequible’ en tomar 300 millones de dólares de nuestros reembolsos de impuestos TABOR para una medida sobre la vivienda que está llena de defectos. Para solucionar la crisis de la vivienda en nuestro estado, tenemos que construir más, no imponer más impuestos. Los habitantes de Colorado lo están pasando mal y quieren que se les devuelva la totalidad del TABOR en los próximos años", escribió Fields en un comunicado.
